Otra política alimentaria es posible: el Foro Internacional de Compra Pública de València reclama voluntad política para hacerla realidad
El manifiesto de València sobre Compra Pública Alimentaria, firmado tras dos días de trabajo entre organizaciones campesinas, administraciones, universidades y organismos internacionales, plantea medidas concretas para convertir la compra de alimentos de las administraciones en una herramienta de justicia alimentaria y garantía de derechos.
València, 2 de octubre de 2026.- Las experiencias compartidas durante el Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria de València lo demuestran: la Compra Pública Alimentaria puede transformar los territorios, fortalecer la agricultura campesina y familiar, y mejorar la alimentación de la ciudadanía. Pero para hacerlo posible, las experiencias aisladas no son suficientes: hace falta voluntad política, recursos, cambios normativos y una estructura pública capaz de sostener estos procesos.
Es una de las principales conclusiones de la Declaración de València: La Compra Pública Alimentaria como palanca para los derechos campesinos y el derecho a la alimentación vinculada a la agricultura familiar y campesina, firmado hoy tras dos jornadas de trabajo que han reunido a más de 150 personas procedentes de organizaciones campesinas, administraciones públicas, universidades, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil en este Foro, presencial y online debido a la alerta roja por temporal en València- organizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Fundación Mundubat, en colaboración con la Universitat Politècnica de València.
“Contamos con la evidencia científica, disponemos de las herramientas jurídicas y la sociedad civil está organizada. No faltan diagnósticos; hacen falta decisiones políticas estructurales que conviertan la compra pública alimentaria en una política de Estado dotada de estabilidad y continuidad más allá de los ciclos de gobierno”, reclama la declaración.
El documento plantea una transformación de fondo: que la compra pública alimentaria deje de entenderse como un procedimiento administrativo y se convierta en una política pública estratégica, capaz de orientar recursos hacia la agricultura familiar y campesina, garantizar precios justos, fortalecer los territorios rurales, mejorar la alimentación de la ciudadanía, reducir el desperdicio, y proteger los derechos humanos en las cadenas de suministro.
“Necesitamos que no se pierda nunca de vista la importancia del marco de los derechos humanos, y en especial, el que nos brinda la declaración de Derechos del Campesinado (UNDROP por su sigla en inglés) que recoge todos los derechos de las campesinas y los campesinos, como el derecho a la alimentación, al acceso a la tierra, a precios justos, etc. Y necesitamos poner el foco en el papel de lo público en garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, en cuanto garante de los derechos humanos. Por eso estos esfuerzos colectivos como este Foro son esenciales”, expone Antonio Montoro, coordinador general de Mundubat.
Cambiar las reglas para cambiar el sistema
En esta segunda jornada del Foro han compartido mesas redondas y de trabajo representantes de la FAO, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Estado español y de pequeños municipios, organizaciones campesinas y sociedad civil, para poner en común experiencias de éxito de distintos territorios que demuestran que existen alternativas y que la transformación de la compra pública alimentaria es posible cuando existe voluntad política, planificación e inversión pública.
En la Declaración quedan recogidos aprendizajes de experiencias desarrolladas en países de diferentes continentes -Brasil, Cabo Verde, Colombia, Indonesia o India, entre otras-, donde las políticas públicas han utilizado la compra de alimentos para apoyar a la pequeña agricultura al mismo tiempo que garantizan el acceso a la alimentación de las comunidades. También, recoge experiencias europeas y municipales que han avanzado en la adaptación de la contratación pública, la creación de infraestructuras logísticas y la coordinación entre administraciones y sectores productores.
“La compra pública alimentaria es una herramienta de desarrollo: cada euro destinado a los comedores escolares, hospitales y residencias puede contribuir a una alimentación saludable y a sistemas alimentarios más justos y sostenibles. Para ello, las administraciones deben adaptar los contratos, superar el predominio del precio más bajo y garantizar transparencia sobre el origen y las condiciones de producción de los alimentos. También necesitamos coherencia de políticas: no es aceptable que nuestras compras públicas contribuyan a vulnerar los derechos que defendemos mediante la cooperación internacional”, reivindica Txaran Basterrechea, presidente de CERAI.
Las experiencias presentadas durante el Foro muestran que este cambio no parte de cero. Orduña y el departamento francés de Dordogne son dos ejemplos de cómo las administraciones pueden utilizar sus políticas de compra y alimentación para reforzar los sistemas alimentarios de sus territorios.
Iker Santocildes, alcalde de Orduña, abrió el debate de la segunda jornada relatando cómo en un momento desde el pueblo se planteó la cuestión de si era posible usar el consumo público del municipio para generar oportunidades para el territorio. “Ahora, hemos consolidado un modelo de alimentación sostenible que va mucho más allá de comprar producto local: demanda estable y oportunidades para pequeños comercios, mejora de la calidad nutricional -menús planificados, mayor control de lo que se come-, educación alimentaria, economía local, y el cambio más destacado: el cambio institucional. La compra se ha convertido en una política institucional transversal a la salud, al comercio, el ámbito educativo”.
“Si otro territorio quisiera empezar mañana, el consejo sería: el primer paso es tener a personas en y para el territorio, capaces de escuchar al sector, entender la Administración y conectar a ambas realidades”, reflexiona.
Una declaración que respalda Germinal Peiro, presidente del Consejo Departemental de la Dordogne, Francia, donde hace 10 años empezó un proyecto para dar comidas 100% locales, ecológicas, caseras y de temporada: “Lo principal es tener voluntad política, sin eso no se puede conseguir nada. La voluntad y la disponibilidad de emplear a gente que va a aprender a cocinar, a organizar a los productores, a cambiar el material, etc. Es difícil, porque es una nueva economía que vamos a hacer. Si tenemos sólo al político no va a funcionar. Necesitamos también la parte técnica”.
Una herramienta de política pública que ya funciona
Las propuestas planteadas en València apuntan, por tanto, a una cuestión de fondo: qué se decide financiar con el dinero público y qué modelo de alimentación, agricultura y territorio se quiere sostener.
La compra pública alimentaria tiene el poder de redirigir la inversión pública hacia la transición agroecológica, proteger a la agricultura familiar mediante precios justos que cubran los costes de producción, actuar como medida preventiva de salud pública integral al reducir la exposición a agrotóxicos y garantizar dietas de calidad nutricional, fomentar circuitos cortos de comercialización y fortalecer la resiliencia de los territorios rurales frente a la despoblación y la falta de relevo generacional y garantizar el derecho a una alimentación suficiente y adecuada de las poblaciones infantiles y demás colectivos ‘institucionalizados’.
“Para las organizaciones campesinas, la compra pública alimentaria debe ser empleada como herramienta de política pública potente para transformar nuestros sistemas agroalimentarios y avanzar hacia modelos más justos, sostenibles y arraigados en los territorios. Para asegurar el derecho a la alimentación a la sociedad, hay que garantizar los derechos del campesinado, incluyendo un salario digno, precios remunerativos, políticas públicas coherentes que apoya la transición agroecológica y el relevo generacional, y para ello es necesario un dialogo entre campesinos y organizaciones participantes en la cadena alimentaria y la construcción y defensa de estas políticas, y el apoyo y recursos de las autoridades locales, nacionales y europeas”, sintetiza Marie Claire Feller, de NOrdBruk, parte de ECVC.
“Desde València afirmamos que otra política alimentaria es posible, urgente e inaplazable. Hagamos del presupuesto público una herramienta de dignidad para el campo, de salud para la ciudadanía y de justicia para el planeta”, concluye el manifiesto.
