Más de 150 personas se reúnen en València para impulsar una nueva compra pública alimentaria
Organizaciones campesinas y organismos internacionales de cuatro continentes asisten al Foro de Compra Pública Alimentaria
València, 1 de octubre de 2026. ¿Qué modelo de agricultura y alimentación estamos financiando con dinero público? ¿A quién beneficia? ¿Puede la compra de alimentos por parte de las administraciones convertirse en una herramienta útil para garantizar derechos o fortalecer la agricultura campesina y familiar?
Estas son solo algunas de las preguntas que han atravesado este jueves la primera jornada del Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria: retos y oportunidades para la agricultura campesina y familiar. La segunda será online, debido a la activación de la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana.
Este evento, organizado por el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y la Fundación Mundubat, en colaboración con la Universitat Politècnica de València, parte de una triple premisa: las decisiones sobre qué se compra, a quién se compra, y bajo qué condiciones tienen consecuencias sobre los sistemas productivos, los territorios, la salud, el medio ambiente y los derechos humanos.
Sarai Fariñas, responsable de Compra Pública Alimentaria en CERAI, lo define de forma clara: “El Foro se empezó a gestar con la idea de que, cuando hablamos de las compras que realizan las administraciones públicas para alimentar a personas que no pueden decidir qué comer, en una escuela, un hospital o una residencia, estas deben garantizar el acceso a una alimentación adecuada y respetuosa con los derechos humanos. Partiendo de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales (UNDROP), nos parecía evidente que las compras públicas de alimentos debían incorporar estos principios. Sin embargo, esto todavía no es una realidad. En el Estado español se destinan alrededor de 3.000 millones de euros a la compra pública alimentaria y no tenemos constancia de que estas compras se estén realizando de forma generalizada con criterios de sostenibilidad. Los últimos decretos, tanto el de comedores como el de residencias, cuya aprobación está pendiente, suponen un avance al establecer unos porcentajes mínimos de productos frescos, de temporada, ecológicos y adquiridos a través de canales cortos de comercialización, pero todavía no es suficiente. El Foro pretende ser también un espacio de sensibilización respecto a este escenario».
Propuestas y alianzas por la compra pública
Durante la apertura institucional, el rector de la Universitat Politècnica de València, José Esteban Capilla, junto a representantes de CERAI, Mundubat y la Generalitat Valenciana, ha dado la bienvenida a un encuentro que aspira a generar propuestas y alianzas para avanzar hacia una compra pública alimentaria más sostenible y que coloque la agricultura campesina y familiar en el centro.
La inauguración oficial ha contado con la participación de Lynnette Neufeld, directora de la División de Alimentos y Nutrición de la FAO. En un diálogo moderado por Txaran Basterrechea, presidente de CERAI, Neufeld ha defendido el papel de la compra pública para hacer efectivo el derecho a la alimentación.
La jornada ha continuado con un debate internacional sobre la capacidad de la compra pública alimentaria sostenible para transformar los sistemas alimentarios. Representantes de organizaciones campesinas y organismos internacionales del Estado español, Francia, Brasil, Italia y la Comisión Europea, han abordado durante la mañana las oportunidades y obstáculos que afronta la agricultura familiar para acceder a los mercados públicos.
Entre las cuestiones planteadas por las voces participantes, ha destacado la necesidad de revisar los modelos de contratación para evitar que estos excluyan de las licitaciones a pequeñas explotaciones, cooperativas y otros actores de la economía social y campesina.
24 billones de dólares al año en alimentación escolar
“La compra pública alimentaria representa un mercado de enorme dimensión: cada año se destinan alrededor de 24 billones de dólares a la alimentación escolar en todo el mundo, generando mercados estables que pueden contribuir a transformar los sistemas alimentarios. Sin embargo, las cuotas o reservas de mercado son insuficientes para garantizar la participación de la agricultura familiar y de los pequeños productores”, ha señalado Pilar Santacoloma, representante de la División de Nutrición y Seguridad Alimentaria, FAO.
Para que estos actores puedan incorporarse de manera sostenible a la compra pública es necesario identificar y abordar las barreras a las que se enfrentan y fortalecer tanto la oferta como la demanda. “Esto implica mejorar las capacidades de las administraciones para diseñar y gestionar las contrataciones, pero también facilitar el acceso de los pequeños productores a financiación, asistencia técnica e investigación. Porque la compra pública puede contribuir a transformar los sistemas alimentarios cuando se articula con políticas públicas nacionales y locales y con medidas concretas de fortalecimiento de las capacidades tanto de quienes compran como de quienes producen”, ha comentado Santacoloma.
Esta primera jornada también ha puesto el foco en la relación entre compra pública, derechos humanos y soberanía alimentaria. Las ponencias magistrales de Catia Grisa, de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Brasil), y Geneviève Savigny, presidenta del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, sobre los derechos campesinos y de las personas que trabajan en zonas rurales, han profundizado en el potencial de estas políticas públicas.
Ambas expertas han destacado su capacidad para promover la agricultura familiar, el desarrollo rural y la garantía de los derechos campesinos.
“Necesitamos gestores estables y suficientes. Gestores que tengan conocimientos y formación en seguridad alimentaria, en derecho a la alimentación, saludable, resiliencia climática, desarrollo local… Hay muchos estudios que demuestran que tener gestores públicos que se identifican con esta agenda pasan a ser activistas de la compra pública”, ha subrayado Catia Grisa, en su ponencia. Por su parte, Geneviève Savigny, ha hecho hincapié en que para que la compra pública garantice los derechos hay que tener en cuenta que esta forma parte de una cadena que pone en común a los productores y consumidores, garantizando el derecho a la alimentación y la implementación de la UNDROP.
Del comedor escolar a políticas públicas
La compra pública alimentaria tiene un impacto sobre la vida cotidiana. Las administraciones deciden qué alimentos llegan a centros educativos, hospitales, residencias u otros espacios públicos y bajo qué condiciones se producen y distribuyen.
Por ello, desde la organización del Foro plantean la necesidad de superar una visión de la contratación pública centrada únicamente en el precio. El objetivo es avanzar hacia modelos que implementen criterios sociales, ambientales, territoriales y de derechos humanos.
El Foro continuará este viernes con la segunda jornada, en formato online, centrada en las experiencias regionales y municipales, los pliegos y la coherencia político-territorial, la educación y la transición alimentaria y los derechos humanos en las cadenas globales de suministro.
El encuentro concluirá con la presentación del Manifiesto de València sobre Compra Pública Alimentaria (CPA) vinculada a agricultura familiar y campesina. Este recogerá todas las propuestas trabajadas durante las dos jornadas para alcanzar modelos de compra pública alimentaria más justa, sostenible y transformadora.
